Newsletter 17 – septiembre 2024
Los bruscos cambios que están experimentando nuestras vidas en tiempos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, ponen de manifiesto, que los individuos pueden aceptar alteraciones intensas y sustanciales de la forma de vida personal para favorecer el interés colectivo y contribuir a la consecución del bien común.
El Estado y la sociedad tienen que afrontar esta situación con mayor compromiso y colaboración pero, a la vez, el Estado y los gobiernos respectivos tienen que ser mas transparentes en las decisiones que adoptan para priorizar las actuaciones básicas y esenciales y rendir cuentas de los resultados obtenidos para ser creíbles.
Estamos en un periodo de incertidumbre donde la salud pública sera una preferencia de la sociedad española y exigirá cambios en el sistema público de salud y en la gestión sanitaria transferida a las CC.AA., puesto que hay que prevenir los rebotes de contagios y las nuevas mutaciones del virus. Asimismo, tendremos que coordinar mejor e impulsar experiencias público-privadas en sanidad para acelerar toda la batería de actuaciones que se están proponiendo para afrontar los próximos años.
Esta realidad se agrava con la segunda parte de esta crisis, que esta afectando de forma implacable a la economía española como consecuencia de la parálisis temporal de una parte importante de la economía, o del trabajo ralentizado de otra. Esta crisis económica es un gran iceberg, que ahora solo se manifiesta por los trabajadores afectados por ERTES, los trabajadores que ya están abocados al despido y muy ligados a la alta temporalidad de los contratos, o aquellas capas de la población más desfavorecidas, que apenas habían levantado cabeza con la crisis anterior y que tenían empleos con salarios muy bajos o que forman parte de la economía irregular.
Pero aún no vemos el tamaño de la base del iceberg que se estará alimentando en los próximos meses con la desaparición de pequeños y medianos negocios por la falta de liquidez para afrontar el cierre de emergencia inicial y ahora los cierres graduales que sobre todo se concentran en sectores de ocio y turismo; y del cierre de la actividad de muchos trabajadores autónomos, ya que somos uno de los países que más actividad produce y empleo genera en estas dimensiones empresariales.
Ahora bien, al requerir más Estado y más gobierno para afrontar el impacto del COVID-19, es necesario replantear íntegramente la gestión del gasto público. Un gasto público que está creciendo a ritmos desconocidos hasta la fecha. Por lo tanto, en primer lugar, hay que gastar más pero mejor, y ello implica tener capacidad para priorizar los gastos, seguir pautas de racionalidad económica, igualdad de oportunidades, equidad social e impulso a la productividad de los factores de producción para enriquecer el entorno empresarial. Nos afrontamos a un intenso conflicto distributivo y la forma en como se diseñen los programas de gasto público tendrá un fuerte impacto en nuestra sociedad.
Los programas de gasto público son muchas veces poco comprensibles, suelen no estar bien orientados en sus objetivos, presentan altos costes de gestión y están más condicionados por los intereses económicos y sociales, que por el análisis económico. Hasta la fecha la gestión del gasto público ha producido desvíos presupuestarios, sobrecostes, parálisis de obras y corrupción, como han puesto de relieve diversas instituciones que evalúan las políticas de gasto público y presupuestarias.
En segundo lugar, hay que disponer de una administración central, autonómica y local eficiente y orientada a resultados. Una administración orientada al ciudadano y no el brazo del partido político que gobierna, y una administración más eficiente y, por lo tanto, más digitalizada, mas reducida y flexible, a pesar de que ello conlleve reducciones de plantilla o reasignación de servicios y funcionarios.
La sociedad española, en general, no exige que se evalúen las políticas de gasto público, no ha estado hasta la fecha en la lista de los principales problemas que preocupan a los españoles. Hay un amplio margen de mejora, racionalizando el tamaño de las diferentes administraciones, aclarando el complejo entramado de competencias compartidas y exclusivas, afrontando una reforma de los recursos humanos en la función pública y aplicando políticas salariales orientadas a resultados, que tan buenos resultados han dado allí donde se han aplicado, así como invertir en la formación de la gestión pública.
La rendición de cuentas a la sociedad tiene que ir acompañada del empoderamiento de la sociedad civil, dándole herramientas para que pueda ejerzan labores de supervisión y control de los resultados que se producen, hay que darles voz para que se organicen en comités de expertos que supervisen la eficacia y eficiencia de las decisiones públicas y de los abusos del mercado sobre los ciudadanos. Y que puedan levantar la voz exigiendo que el sistema político realice la actividad bajo criterios de rigor, transparencia y honestidad. Y, sobre todo, pueda exigirselo a los responsables de las políticas que nos han de sacar de esta crisis y romper el iceberg en muchas partes para poderlo gestionar mejor. En definitiva, necesitamos una mirada en el largo plazo y el fortalecimiento del triangulo Estado, mercado y sociedad.
Rosa Nonell
Vocal en la junta de ABE
Profesora titular Economia Aplicada y Exvicerrectora UB
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